Varios condados de Texas muy endeudados porque no tienen suficientes presos en sus centros de detención esperan llenar sus celdas con un tipo particular de reos: inmigrantes que ingresaron al país ilegalmente.

La deuda se remonta a la década de los noventas y principios del 2000, cuando algunos condados rurales empezaron a perder población ante la falta de empleos. Para atraer dinero y puestos de trabajo, construyeron centros de detención con cientos, y a veces miles, de camas en los que se podría recibir a reos de otros condados y presos de los sistemas federal y estatal. En algunos casos la estrategia funcionó, pero un descenso en los delitos, combinado con un aumento en las sentencias alternativas, redujo la población carcelaria.

Ahora, la deuda, los servicios y el mantenimiento son una carga tan pesada que algunos condados enfrentan una disyuntiva: Pueden gestionar contratos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para alojar indocumentados que sean detenidos en el marco de la campaña de Donald Trump contra ese segmento de la población. O pueden vender los centros de detención a empresas privadas, que tratarían de hacer lo mismo. En las últimas semanas fueron vendidos tres centros de detención vacantes, de acuerdo con funcionarios locales y documentos presentados ante la Municipal Securities Rulemaking Board, la junta municipal que regula los centros de detención.

Algunas cárceles tendrían que ser modernizadas para satisfacer los requisitos del ICE, pero las instalaciones ya existentes podrían dar ventaja a Texas si se compara con otros estados donde las empresas tendrían que perder meses construyendo espacios para esos presos.