México vive un inédito proceso: desde hace algunos meses se libera paulatinamente a cientos de prisioneros, beneficiados con las reglas del nuevo sistema de justicia penal. La gubernamental Comisión Nacional de Seguridad (CNS) estima que en los próximos seis meses entre 45,000 y 50,000 reos podrán alcanzar su libertad. Estas son personas que enfrentan juicios por delitos no graves, o que fueron sentenciadas a penas menores por esa causa.

Las normas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en vigor desde junio pasado, establecen que sólo los inculpados de delitos graves deben enfrentar los juicios en la cárcel. Esta es una clara diferencia del anterior sistema penal, donde la prisión preventiva se aplicaba a prácticamente todos, incluso a quienes por hambre robaban un pan o una lata de atún.

Estas liberaciones han provocado controversia en todo el país. Organizaciones como ‘Alto al Secuestro’ temen que muchos de los excarcelados reincidan en las actividades criminales. Sin embargo, para el Instituto de Justicia Procesal Penal los casos son muy pocos. Sus datos muestran que el 95% de los liberados atienden las audiencias de sus juicios, y del resto sólo el 1% se fuga, complicando su situación legal.

Otros datos oficiales indican que, de las 97,000 personas en prisión preventiva para enfrentar un juicio, el 70% robó menos de 2,000 pesos ($102) y sin violencia. Los inculpados, si son sentenciados, reciben una condena menor a un año de cárcel, que se conmuta con una multa de 800 pesos ($41). En cambio, si el procesado escapa, la investigación y captura del inculpado cuesta en promedio 12,000 pesos ($615), y el proceso penal 14,000 pesos ($717). Es el costo un factor que inclina a las autoridades mexicanas a darle el beneficio de la excarcelación a la gran mayoría de inculpados. AGENCIAS