El número de casos de desapariciones forzadas en México es similar al registrado en países en guerra civil y violencia política como Siria y Pakistán. En concreto, desde 2008 se han reportado 136 casos en México, siendo Guerrero, Veracruz y Tamaulipas los estados más afectados a causa de la presencia de cárteles del narcotráfico en sus territorios. Pese a la situación, México no cuenta con un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas que garantice la verdad, justicia y reparación del daño a las víctimas, dice un informe del Senado mexicano.

En México las tareas de seguridad interna están a cargo del Ejército, pese a que diversas organizaciones de derechos humanos han exigido su salida porque no están preparados para el control de la seguridad ciudadana, alegando que esta tarea en realidad le corresponde a una fuerza policial civil.

Entre 1980 y 2015 se registraron 545 casos de desapariciones forzadas o involuntarias, según el informe anual del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. La mayoría ocurrieron en tres momentos específicos de la historia de México: los años setenta con el periodo de la guerra sucia; 1994, que coincide con el conflicto armado encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el Estado de Chiapas y el lapso de 2007 a 2012, periodo del Gobierno de Calderón durante el que se intensificó la guerra contra el narcotráfico.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugiere que las Fuerzas Armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana y que esta tarea en realidad corresponde a una fuerza policial civil y respetuosa de los derechos humanos que también se encargue de las actividades de investigación criminal e inteligencia, bajo control y supervisión por parte del Parlamento y, en su caso, del sistema judicial.

En México hay 27,659 personas desaparecidas, extraviadas o no localizadas, según un registro nacional gubernamental. Entre enero de 2014 a junio de 2015 se reportaron 820 desapariciones.

El reto inmediato para el Senado mexicano es emitir una ley sobre desaparición forzada que prevenga esta violación, facilite la localización de personas y contribuya a garantizar la reparación integral a las víctimas. Sin embargo, la norma aún no ha sido aprobada, de hecho, se ha postergado. AGENCIAS