Un cambio a la Ley de Responsabilidades Públicas (una de las cinco leyes del Sistema Nacional Anticorrupción) exasperó a los empresarios más encumbrados del país agrupados en la Confederación Patronal de México (Coparmex). Se excluyó de la minuta el formato de la Ley ‘3de3’ que buscaba que los funcionarios detallaran sus montos de dinero, ubicación de sus bienes inmuebles, joyas , vehículos, menajes de caja y cuentas bancarias. Pero los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los del Partido Verde y del Partido Encuentro Social no aceptaron la propuesta y votaron en contra, a diferencia de los legisladores del PAN, PRD y Morena.

La ‘cruzada’ de los empresarios contra la corrupción no es algo nuevo. Tiene al menos cinco años desde que la Coparmex reconoció por primera vez a través de un presidente (Alberto Espinosa) que ellos (la iniciativa privada) gastaban el 10% de sus ingresos en actos relacionados a la corrupción. Además afirmaron que el 44% de sus empresas hacían pagos extraoficiales a servidores públicos en todos los órdenes de gobierno.

Aliados con el Instituto Mexicano para la Competitividad, comenzaron entonces a promover un informe anual para medir la corrupción y hacer comparativos con otros países; a empujar una fiscalía anticorrupción autónoma vigilada por un grupo de la sociedad civil y a crear la propuesta de Ley ‘3de3’.

En la discusión de la minuta del Senado, el pasado 15 de junio, los legisladores aprobaron quitar al Poder Ejecutivo el control de la fiscalía anticorrupción, pero se la otorgaron a ellos mismos y en adelante el fiscal tendrá que ser aprobado por dos terceras partes de los senadores.

Por tales razones, el Sistema Nacional Anticorrupción fue calificado por Coparmex como ‘desdentado’ y sin ánimo de transformación. En cambio, los legisladores ‘les voltearon la tortilla’ e incluyeron en la minuta que todos los empresarios que tengan contratos con el gobierno deben presentar públicamente su declaración.

Este viraje desconcertó tanto a empresarios como a los políticos de oposición. ‘Ya hacemos públicas nuestras declaraciones frente a Hacienda’, dijo Hoyos de Coparmex. ‘Lo que se pretende en el fondo es descarrilar el movimiento cívico a favor de la Ley ‘3de3’ al convertir las declaraciones no en una obligación de la clase política, sino de civiles’, agregó el presidente del PAN, Ricardo Anaya. AGENCIAS