La batería de siete leyes promulgadas por el presidente Enrique Peña Nieto, aprobadas previamente por el Congreso federal, contemplan la creación de un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que prevé centralizar las políticas, establecer penas más severas para los corruptos e impulsar un inédito control ciudadano.

La idea es que México deje de estar entre los países menos transparentes del mundo siendo el 95 de 167, según Transparencia Internacional; y que deje de perder hasta un 9% del Producto Interno Bruto por esas prácticas, el equivalente a 100,000 millones de dólares al año, de acuerdo a estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El nuevo sistema estará encabezado por un comité coordinador, presidido por un ciudadano que no ejerza funciones públicas, y estará formado por órganos de nueva creación como una fiscalía especializada anticorrupción más autónoma. AGENCIAS