La Administración Obama, legisladores estatales y federales y expertos legales solicitaron a la Suprema Corte invalidar la ley texana del 2013 sobre abortos, la cual podría obligar a cerrar aproximadamente a la mitad de las 19 clínicas de abortos que quedan en el estado.

La Procuraduría General de Texas, la cual había solicitado al tribunal superior denegar la solicitud de los prestadores de servicios de atraer el caso, sostiene que las instancias que ofrecen abortos no han probado que la Propuesta 2 del Congreso represente una carga indebida para la mayoría de las texanas que desean el procedimiento. Y cuando en noviembre la Suprema Corte anunció que atraería el caso sobre el aborto, la Procuraduría General reiteró que la defensa estatal de la ley referente al aborto incluye “medidas de sentido común” destinadas a “elevar el estándar de la atención y proteger la salud de las mujeres texanas”.

La decisión podría tener consecuencias en los Estados de la Unión donde existen restricciones similares para abortar. Son 10 los estados que han aprobado la estipulación de requisitos de admisión, pero en seis de ellos los juzgados han bloqueado su aplicación. Seis entidades han implementado estándares de centros de cirugía ambulatoria similares a los de los hospitales en los centros para abortar. AGENCIAS