El Gobernador Greg Abbott se ha comprometido a sancionar a aquellas ciudades y gobiernos locales que sean considerados como protectores de personas que viven ilegalmente en el país. Por eso, los legisladores republicanos de Texas están renovando su ofensiva en contra de las llamadas ‘ciudades santuario’ para la sesión legislativa del año próximo.

Abbott puso el tema al frente de su agenda extraoficial para 2017, comprometiéndose (en entrevistas y en las redes sociales) a promulgar una iniciativa de ley que castigue a quienes protegen a los residentes irregulares, con la reducción de los fondos estatales y otras sanciones.

Es oportuno recordar que ciudades como Chicago, Nueva York y Seattle han adoptado políticas que las han hecho ganarse el apodo de ‘santuarios’, por ejemplo, al prohibirle a la policía preguntar el estatus migratorio de una persona o cooperar con las autoridades federales de inmigración. Nada de eso existe en Texas.

“Todos los condados texanos dejan (a los funcionarios de inmigración) revisar las hojas de fichaje de sus cárceles para ver quiénes han llegado y qué estatus tienen”, aseguró Terri Burke, director ejecutivo de la oficina en Texas de la Unión Americana de Libertades Civiles.

Sin embargo, los jefes de policía de los condados Travis (Austin) y Harris (Houston), dos de los más grandes del estado, han dicho que están sopesando poner fin a los programas de cooperación con los funcionarios federales de Inmigración.

Las promesas previas de los gobernadores republicanos y las legislaturas de mayoría republicana nunca llegaron a ser leyes en Texas, pero el rumbo político podría cambiar, afirmó el senador republicano Charles Perry (Lubbock) que desde hace varios años ha promovido una prohibición contra las ciudades santuario. Perry ya presentó un proyecto de ley para la sesión que comienza en enero. AGENCIAS