Uno de cada tres estadounidenses tiene historial criminal. Si esa estadística es cierta, cerca de 100 millones de personas han cometido algún delito en este país; de acuerdo al informe presentado en el 2014 por el Centro para el Progreso Estadounidense.

Ahora bien, ¿cuántos de ellos son realmente delincuentes? No existen cifras exactas, pero millones de ellos viven bajo las sombras por un error cometido en el pasado. Miles de personas en Texas fueron detenidas por delitos menores y ese hecho permanece en su récord criminal, a menos que cumplan con ciertos requisitos y acudan a la corte para cerrar su caso, lo que resulta un proceso complejo.

Injusta, así califican muchos esta realidad ya que varios créditos – como compra de casa – les son negados por su pasado.

Pero peor aún, dicen que es sumamente difícil encontrar empleo cuando las aplicaciones para puestos de trabajo incluyen preguntas sobre el pasado criminal y el empleador los veta por simplemente leer un “sí”.

Cambiar esa realidad es lo que busca el concejal Gregorio Casar, quien promueve una ordenanza de segundas oportunidades, un movimiento que se ha dado a conocer como ‘fair chance’ o ‘ban the box’.

La propuesta consiste en eliminar la pregunta sobre historia criminal de las aplicaciones de empleo. ¿Podría ser esto un arma de doble filo? Casar asegura que no. En el caso de empresas que buscan candidatos para posiciones laborales que requieren el manejo de dinero, por ejemplo, no representa un peligro eliminar esta casilla de la aplicación y enfrentar la posibilidad de contratar a un ‘criminal en potencia’ porque no se le prohíbe a las empresas que revisen el ‘background’ o historial del candidato.

“Lo que buscamos es darle la oportunidad a personas capacitadas de poder llegar a la segunda fase en la búsqueda de empleo. Muchas veces la gente está calificada para un trabajo, pero quedan bloqueados en la primera fase porque al llenar su solicitud de empleo revelan que cometieron un error en el pasado, un error que además no se relaciona con el actual empleo que están buscando”, detalla Casar.

El concejal es claro: su propuesta no busca eliminar la revisión de antecedentes penales, sino propiciar que sean revisados una vez que se conocen el perfil y las capacidades del candidato a emplear.

“Hay personas calificadas que merecen una segunda oportunidad y están desempleadas. Es importante recordar que el factor más influyente en la reincidencia del crimen es el desempleo y la oportunidad de sentir que pueden reintegrarse a la sociedad”.

La propuesta de Gregorio Casar forma parte del movimiento nacional ‘ban the box’ que ha logrado que se implemente esta medida en 45 ciudades del país, incluyendo New York, Boston, Philadelphia, Atlanta, Chicago y San Francisco.

Oportunidad estatal

A partir del 1 de septiembre en Texas, aquellas personas que cometan sólo un delito menor y cumplan su período de probatoria sin ofensas legales verán su récord cerrado automáticamente, sin tener que acudir a la corte.

Con 25 votos a favor, el Senado de Texas aprobó esta medida otorgada por la ley SB 1902. “Si hice algo que no debía haber hecho y el sistema criminal me ha perseguido, eso debería ser suficiente… No debería ser algo que me persiga por el resto de mi vida”, señaló el precursor de la ley, el senador republicano Charles Perry.

Sin embargo, el récord criminal seguiría disponible para agencias de justicia, financieras, educativas o de salud, al igual que en fuerzas policiales.

Pero con esta ley, quienes cometieron el “error” antes del 1 de septiembre del 2015, deberán acudir a la corte para cerrar sus expedientes. La ley sólo aplica a quienes cometan el delito menor después de la fecha en la que la ley entró en vigencia.