En una reciente reunión en Chicago, la Asociación Internacional de Jefes de Policía admitió que no existe un antídoto contra la violencia callejera y las muertes provocadas por la posesión de armas ilegales, un fenómeno que aumenta en todo el país y que afecta por igual a comunidades urbanas, suburbanas y rurales, de costa a costa, por lo que pidieron un control total y obligatorio de antecedentes penales.

En estos momentos, la ley federal sólo obliga que los clientes de las armerías sean sometidos al control de antecedentes penales, sin tomar en cuenta a los dueños de esos negocios y a otras personas involucradas. La Asociación puso énfasis en que los 50 Estados de la Unión necesitan una regulación uniforme para controlar las ventas ilegales de armas, se corrijan fallas en el sistema penal y se apliquen penas más duras para los responsables del trasiego clandestino. AGENCIAS