El Gobierno Federal pidió a la Corte Suprema levantar la suspensión que pesa sobre las medidas migratorias que decretó hace un año el Presidente Barack Obama y frenar así la deportación de cinco de los once millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.

En un recurso presentado ante la máxima instancia judicial del país, el Gobierno Federal argumenta que retrasar las medidas migratorias provocaría un ‘daño irreparable’ en los millones de personas que están a la espera de conseguir un permiso de trabajo o una licencia de conducir.

Con su acción judicial, el Presidente Obama quiere que se levante la suspensión de las medidas migratorias que decidió mantener hace casi dos semanas una Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, a petición de una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos. Esta coalición de estados, liderados por Texas, fue la que impulsó en febrero pasado el bloqueo de las medidas de alivio migratorio del Mandatario al considerarlas inconstitucionales por supuestamente suponer un cambio político demasiado grande como para que el presidente actúe sin autorización del Congreso de la Unión.

Sin embargo, el Presidente argumentó en su recurso que el plan para sacar de las sombras a millones de indocumentados no viola la separación de poderes y tampoco supone un cambio sustancial en las leyes migratorias del país al ser acciones limitadas en el tiempo y no ofrecer ningún camino hacia la ciudadanía. “Durante décadas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha ejercido su poder discrecional en una práctica conocida como ‘acción diferida’ para por razones humanitarias o simplemente por su propia conveniencia abstenerse de deportar a unos individuos particulares durante un periodo de tiempo”, se defendió el Gobierno. AGENCIAS