La Corte Suprema de México falló a favor del derecho de consumir, transportar y cultivar la marihuana. El fallo se enfocó en la libertad de los individuos. Este es el párrafo que ha marcado un nuevo hito en la historia mexicana, ya que abre la posibilidad de una legalización total de la planta: “La forma en la que un individuo desea recrearse pertenece a su esfera más íntima y privada, ya que solo él puede decidir de qué manera quiere vivir su vida”.

Es importante destacar que el veredicto de la Corte Suprema sólo aplica a los demandantes del caso: Josefina Ricaño Nava (fundadora y actual presidenta de la organización ‘México Unido Contra la Delincuencia’, y fue quien convocó la primera marcha silenciosa luego del secuestro y asesinato de uno de sus hijos); José Pablo Girault Ruiz (tesorero de la organización ‘México Unido Contra la Delincuencia’ y vocal de la Fundación ‘Rafael Dondé’); Armando Santacruz González (director de la empresa Grupo Pochteca); y Juan Franciso Torres Landa (secretario general de la organización ‘México Unido Contra la Delincuencia’).

Y aunque gran parte de la sociedad mexicana y el propio presidente Peña Nieto se oponen a la idea de legalizar la marihuana, el fallo de la Corte Suprema de México hace difícil negarle los mismos derechos a otros mexicanos. Es cuestión de tiempo que se legalice la marihuana en todo el territorio mexicano.

¿En qué se basó la Corte Suprema para favorecer a estas cuatro personas? Sorprendentemente, para un país conservador como México, el basamento de los jueces fue científico, cito textualmente: “La marihuana puede dañar la salud, pero sus efectos son menores o parecidos a sustancias legales; la prohibición no disuade el consumo; la dependencia de la marihuana es menor que la que produce el alcohol; hay poca o cero evidencia de que esta droga lleve al uso de otras drogas; el consumo de marihuana no incentiva la comisión de otros delitos”.

Es notorio que al priorizar el libre desarrollo de la personalidad, un concepto protegido por la Constitución mexicana, los jueces tomaron en cuenta (para este caso) si la ley vigente protege la salud y el orden público. Ellos coligieron que los demandantes no serán afectados con su veredicto.