El Quinto Circuito de Apelaciones de New Orleans (Louisiana) emitió un fallo que impide la puesta en marcha de los programas DACA expandido y DAPA, los cuales otorgarían un permiso de trabajo a cinco millones de inmigrantes indocumentados y evitaría que sean deportados del país. La implementación de estos programas fue suspendida en febrero de este año por orden de Andrew Hanen, juez federal de Texas que basó su decisión en una demanda presentada por 26 Estados de la Unión (liderados por Texas) que denunciaban que los beneficios migratorios decretados por el Presidente Obama son inconstitucionales.

La decisión del Tribunal de New Orleans favorece electoralmente a los demandantes, todos del Partido Republicano. Sin embargo, esta pequeña victoria legal puede estrellarse con los intereses prácticos del país… y con millones de nuevos votantes hispanos.

La realpolitik indica que el voto hispano apoya a los candidatos que no atacan ni acosan a los inmigrantes indocumentados que tienen años viviendo y tributando en este país. Oponerse a legalizar, siquiera temporalmente, a padres de familia y a jóvenes estudiantes es una acción arriesgada, especialmente si recordamos que Barack Obama ganó dos elecciones con la ayuda del voto hispano. Los indocumentados ya pagan miles de millones en impuestos a gobiernos locales y estatales, y si se les permite trabajar legalmente las contribuciones tributarias se incrementarían considerablemente, para beneficio del país y las ciudades en las que viven y trabajan.

Eso lo sabemos quienes estamos en contacto con la realidad de nuestras comunidades.

Por eso no sorprende que grupos proinmigrantes, legisladores y representantes de diversos sectores empresariales del país se hayan unido para reclamar la regularización de quienes piden la oportunidad de acogerse a un estatus temporal que los proteja de la deportación.

La unidad a favor de esta causa social fue dispareja, ya que en varias ciudades del país se produjeron manifestaciones para pedir la implementación de los programas DACA y DAPA con diversos resultados. Austin, por ejemplo, una ciudad netamente universitaria, fue de las que menos gente congregó. La comunidad indocumentada de la capital texana parece aceptar el status quo y la incertidumbre de vivir amenazada. Esa timidez debe cambiar cuanto antes.

Finalmente, la batalla legal que busca favorecer a determinados padres indocumentados (DAPA) o la extensión de beneficios para estudiantes sin papeles (DACA) no termina con la decisión del Tribunal de New Orleans. La Administración Obama anticipó que, ante un fallo desfavorable, llevarían el caso hasta la Corte Suprema, una instancia superior que ya le dio la razón al Presidente hace tres años. Lo bueno está por llegar.