Aunque las leyes laborales deben protegerlos, miles de trabajadores indocumentados en realidad sufren violaciones de sus derechos o no obtienen compensación si sufren lesiones o discriminación en el trabajo, denunciaron activistas proinmigrantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 16 de marzo.

Durante el 154 período de sesiones de la CIDH, los activistas advirtieron que el fallo del Tribunal Supremo en el caso ‘Hoffman Plastics’ limitó el derecho de los trabajadores indocumentados a un recurso efectivo cuando se viola su derecho a la libertad de asociación. A raíz de ese fallo, los indocumentados que son despedidos ilegalmente por ejercer su derecho a la libertad de asociación ya no tendrían derecho a reclamar el pago de salarios retrasados debido a que no tienen ‘papeles’. El Departamento de Estado negó que se priven sistemáticamente de sus derechos a los indocumentados.

Las pruebas mostradas por diversas organizaciones civiles y por la CIDH indican que sí existe un abismo entre los derechos y la realidad de los trabajadores inmigrantes en este país, y es el Gobierno Federal el que debe tomar todas las medidas apropiadas para que se respeten los derechos de todos los trabajadores, sin importar su estatus legal. Algunas de esas medidas correctivas pueden incluir permisos temporales mientras se resuelven sus casos, o una vía hacia su eventual legalización. AGENCIAS