El último bastión de información veraz y la denuncia pública en el que confiaban los televidentes mexicanos fue defenestrado sin contemplaciones de la televisión mexicana. La reconocida periodista Carmen Aristegui fue despedida de la cadena MVS y de inmediato las redes sociales estallaron en solidaridad con la mujer de prensa que destapó el escándalo de la compra de una mansión valorizada en $7 millones por parte de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.

Salir de MVS fue el corolario de una cadena de desplantes laborales que atropellaron su libertad de opinión: En el 2008 no le renovaron contrato con W Radio (de Televisa y Grupo Prisa) por ‘discrepancias editoriales’ con la empresa, que a su vez se justificó con que no hubo acuerdo para ‘manejar los tiempos comerciales del programa’.

Luego, en el 2011, ya en MVS, Carmen Aristegui fue despedida por preguntar en su programa si el expresidente Felipe Calderón tenía problemas con el alcohol. De inmediato la sacaron de la empresa, aduciendo faltas al código de ética de la misma. La periodista se defendió alegando que la salud del mandatario era de interés público. Tras varios días de protestas en las calles y gran presión en las redes sociales, la periodista regresó a MVS.

En el 2014, gracias al meticuloso trabajo de su equipo de investigación, la periodista Carmen Aristegui destapó en noviembre la millonaria compra de una propiedad inmobiliaria a un contratista del Estado por parte de la primera dama (que Angélica Rivera justificó asegurando que fue un regalo de Televisa). Después se supo que el mismo contratista también hizo negocios inmobiliarios con el propio Enrique Peña Nieto (en su época de gobernador) y con Luis Videgaray, su secretario de Hacienda. El escándalo mediático fue arrollador. Pero la consecuencias políticas no. Mucho menos las judiciales. En cualquier país en el que las leyes sostienen y protegen a la democracia, lo que correspondía era una investigación independiente para descubrir una flagrante infracción. Pero no fue así.

Desde entonces, el trabajo periodístico de Carmen Aristegui estuvo en la mirilla. Pero ella no cedió. Así llegaron denuncias periodísticas que inflamaban a un sector de la sociedad mexicana: un día eran detalles sobre el asesinato de 22 personas en la comunidad de Tlatlaya, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó fueron ejecutados por soldados. Luego se emitieron varios programas sobre el intento de modificar las leyes de transparencia del país y las reglas para poner en marcha la reforma en telecomunicaciones que (dicen los expertos) favorece a las grandes televisoras.

La gota que colmó el vaso fue la adhesión de Carmen Aristegui y su equipo a la iniciativa conocida como MexicoLeaks. La televisora MVS no estuvo de acuerdo con esa asociación y denunció que su nombre fue usado sin permiso. Como consecuencia, fueron despedidos Daniel Lizárraga (jefe del equipo investigativo) y uno de los reporteros, Irving Huerta. De inmediato, la periodista exigió la reinstalación de sus compañeros como condición para mantener su espacio, que tiene una de las mayores audiencias en el rubro de programas informativos. MVS no claudicó y dio por terminada su relación laboral con Carmen Aristegui.

Quizá la cercanía de las elecciones intermedias del 7 de junio fue el motivo por el que se ‘apuró’ la salida de la periodista Carmen Aristegui, cuyas investigaciones han golpeado duramente al partido de gobierno. MVS lo niega, pero para la fiel audiencia de la periodista, su despido y el de sus compañeros fue un acto de censura y represalia por sus agudas investigaciones.