El pasado 16 de febrero, el juez federal Andrew Hanen suspendió temporalmente las medidas ejecutivas sobre migración tras la demanda interpuesta por Texas y otros 25 Estados de la Unión.

La demanda contra los alivios migratorios alega que el Presidente Obama se extralimitó en sus poderes. En respuesta, el Gobierno Federal interpuso un recurso de urgencia para levantar la suspensión decretada por el juez Hanen, quien apeló a la gravedad de las acusaciones hechas por los 26 estados demandantes para citar a una audiencia el próximo 19 de marzo a funcionarios federales que presuntamente habrían comenzado a implementar las medidas de forma ilegal, según sostienen los demandantes.

Ese día, los funcionarios federales tendrían que responder en esa audiencia a preguntas sobre los 100 mil permisos de trabajo otorgados a beneficiarios de la ampliación de la Acción Diferida (DACA), un programa del 2012 que, desde entonces, ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes.

El fallo del juez Hanen afecta la ampliación del programa DACA para jóvenes indocumentados, cuyo comienzo estaba previsto para el 18 de febrero pasado. La decisión del magistrado también repercute en el programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), para padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente y cuyo inicio está previsto para mayo.

Ahora, el Gobierno Federal se debate entre acudir a esta audiencia o recurrir la suspensión de las medidas migratorias a una instancia superior, en este caso a la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito (Nueva Orleans), con jurisdicción sobre Texas, considerada una de las más cortes más conservadoras del país. AGENCIAS