En enero de 2013, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determinó en un memorándum que los beneficiarios del programa de ‘Acción Diferida’ (DACA) del 2012, tienen estatus legal en este país y pueden solicitar licencias de conducir. Lo mismo aplicaría para los adultos con hijos residentes legales o ciudadanos que eventualmente reciban cobijo bajo el DAPA. Pero esos beneficios migratorios fueron suspendidos la semana pasada por el Quinto Circuito de Apelaciones de New Orleans (Louisiana).

Con esa ‘victoria’ superficial, la estrategia de Texas (y otros 25 Estados de la Unión) para impedir y cancelar la implementación del DACA expandido y el DAPA, es que la emisión de las licencias de conducir para indocumentados supondría pérdidas económicas.

Falso. El gobierno de Texas podría otorgar las licencias sin incurrir en gastos exorbitantes. Además, la economía estatal se beneficiaría por las tarifas que pagarían los inmigrantes elegibles por los autos y seguros que compren, y por los impuestos que pagarían.

Texas tiene varios escenarios posibles para minimizar sus gastos, incluyendo eliminar los subsidios actuales y elevar las tarifas, aunque esto podría generar el rechazo de la opinión pública y hasta más demandas contra el Gobierno Federal. La emisión de licencias puede generar más empleos con la apertura de más oficinas, aunque los detractores podrían argumentar que esto aumentaría los costos y la burocracia.

En la actualidad, estados como California, Maryland, Illinois, Colorado, Nevada, Nuevo México, Oregón y Washington DC otorgan licencias a indocumentados. En Texas, sólo los ciudadanos, residentes permanentes, refugiados y asilados pueden acceder a las licencias de conducir, cuyo costo oscila entre $16 y $25, dependiendo de la edad del solicitante.

Los estados son más seguros y más prósperos cuando todos los conductores tienen licencias de conducir y seguro para sus vehículos. El argumento texano sobre supuestos daños por DACA y DAPA no toma en cuenta los beneficios.