El primer caso que conocieron de uso de grillete electrónico se dio el 13 de junio de este año. Luego, a mediados de julio, abogados voluntarios y organizaciones pro migrantes conocieron que alrededor de 100 mujeres fueron llamadas a comparecer en el centro de detención familiar y se les dijo que podían salir sin pagar fianza si aceptaban llevar los dispositivos. Ante la sorpresa, algunas reaccionaron y pidieron que se les asignara una fianza, ya que preferían pagar cualquier cantidad y no tener que portar el dispositivo. La respuesta fue negativa y quienes ya tenían fianza asignada la podían pagar, pero igual deberían portar el grillete.

¿Por qué ICE está usando los monitores electrónicos? Porque éstas familias, como cualquier familia inmigrante que cruzó la frontera de forma ilegal, enfrentan la posibilidad de deportación y con estos dispositivos los podrán ubicar sin problemas.

Para los abogados de estas mujeres, la situación es engañosa e irrespeta los derechos de las madres inmigrantes, ya que en muchos de los casos no les permiten hablar con su representante legal antes de aceptar usar el grillete. En otros casos, ni siquiera cuentan con un abogado.

Lo peor, dice Mohammad Abdollahi de la organización Raíces, es que – una vez que las personas aceptan usar el monitor – salen de los centros de detención sin información. “No les explican qué proceso deberán seguir, si tendrán que presentarse en las oficinas de ICE, ante un juez u oficial. Tampoco saben cada cuánto tiempo; no hay instrucciones. Es un proceso arbitrario y humillante”.

Sumado a esto, portar el grillete es engorroso: llaman la atención y requieren que su batería se cargue constantemente.

Aunque estos son los primeros casos de uso del monitor de tobillo en Texas, ya se había usado esta medida con inmigrantes procesados en California como parte del programa de Alternativas a la Detención (ATD), que en el 2013 tenía un presupuesto de $96 millones y que es administrado por una corporación privada con contratos millonarios con el Gobierno Federal.

El pasado 24 de julio, un juez federal determinó que la detención de los niños en los centros de ICE violaba un acuerdo de 1997 y que era necesario dejar en libertad a las familias cuanto antes.

Y aunque los dejan salir, aún los tratan como criminales. ICE se ha negado a profundizar sobre el tema, pero aseguran que responderán a cada abogado que envíe comunicaciones al respecto.