Una de las paradojas que rodean las masacres y cualquier debate alrededor de un mayor control de armas en este país, es que los estadounidenses siguen defendiendo mayoritariamente el derecho a estar armados, un sentimiento tan arraigado como la segunda enmienda de la Constitución que lo garantiza.

El más reciente sondeo de carácter nacional que estudia el tema, encontró en diciembre pasado que el 52% de los encuestados prefiere el derecho a armarse que favorecer algún control (46%) para sentirse seguros.

Con los actuales controles, el derecho a poseer un arma pareciera no ser suficiente para evitar morir a manos de un desequilibrado mental. Y es que los vacíos legales en el sistema de control de antecedentes de quienes quieren comprar un arma son abrumadores. Las leyes federales solo exigen a las tiendas debidamente registradas realizar chequeos de antecedentes a los compradores.

Eso significa que millones de armas son vendidas cada año sin chequeos, principalmente en tiendas en Internet o en ferias de armas a través de los llamados vendedores privados.

Sujetos con antecedentes penales, personas con pasado de violencia doméstica o con graves problemas mentales, por ejemplo, saben que existen esos corredores sin control y los usan sin temor.

Pero los problemas no terminan allí. Para aquellos que sí se someten a un chequeo (y que son criminales en potencia) también existen espacios para evadir cualquier control que le impida tener acceso a un arma.

El mayor inconveniente está en el Sistema Nacional de Chequeo Instantáneo de Antecedentes Criminales (NICS). Millones de consultas a esta base de datos se producen anualmente y, en efecto, se ha evitado que muchas armas terminen en manos de criminales o enfermos mentales. El talón de Aquiles del sistema es el sistema mismo: no figuran los antecedentes penales o datos médicos de personas que no podrían comprar un arma.

La responsabilidad está en el hecho de que los gobiernos estatales o municipales no envían información actualizada a Washington, ya sea por falta de presupuesto para esos procedimientos o por impedimentos legales que en muchos casos tienen que ver con el respeto a la privacidad de personas que padecen problemas mentales. Por ello, la efectividad del chequeo de antecedentes es directamente proporcional al hecho de que la base de datos esté actualizada.

A todos estos vacíos legales y errores en el sistema de controles vigentes hay que sumarle un factor que agrava mucho más el escenario de violencia en Estados Unidos: el robo de armas. AGENCIAS