Con miras a frenar la migración ilegal y los delitos que arriesgan y explotan vidas humanas, durante 2009 y 2014 la fiscalía federal del Gobierno Federal acusó a 18,000 personas por contrabando de inmigrantes indocumentados a territorio estadounidense; de los cuales, 2,762 tienen cargos penales.

Muchas de las historias reveladas por el Departamento de Justicia esbozan graves ejemplos de la explotación y violencia contra los inmigrantes indocumentados. La mayoría de los casos procesados en todo el país implican a inmigrantes que han sido secuestrados, tomados como rehenes, golpeados, sexualmente asaltados, amenazados o que han muerto como resultado de vivir en condiciones extremas.

El Departamento de Justicia pretende frenar todas aquellas circunstancias que supongan una amenaza de seguridad pública y las preocupaciones humanitarias significativas,; con ese fin, las autoridades nos recuerdan que facilitar el ingreso de un inmigrante indocumentado a este país es un cargo federal grave pero no el único: también se le puede acusar de albergar a extranjeros y de lavado de dinero. Si lo hace podría ir a la cárcel por un mínimo de 10 años y perder mucho dinero. AGENCIAS