El 20 de noviembre del 2014, el Presidente Obama anunció una serie de medidas ejecutivas en el campo migratorio sin requerir la aprobación del Congreso de la Unión. Ese plan contemplaba la posibilidad de postergar la deportación de más de 4 millones de indocumentados, permitiéndoles obtener el anhelado permiso de trabajo que les permita ampliar sus opciones laborales. Las medidas son limitadas, ya que no ofrecen un camino a la ciudadanía y pueden ser revocadas por el próximo Presidente. Sin embargo, de esa acción ejecutiva se beneficiarían de inmediato los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes que lleve al menos cinco años viviendo en este país. La mayoría los beneficiarios son hispanos. La respuesta de aquellos que se oponen a cualquier alivio migratorio fue contundente: Más de 20 Estados de la Unión, entre ellos Texas, presentaron una demanda para frenar la acción ejecutiva. Y el pasado 16 de febrero un juez federal de Texas suspendió temporalmente la implementación del DACA y del DAPA. ¿Qué pasará ahora?

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