El 12 de febrero parecía un jueves cualquiera; Sergio y Mónica Lejarazu llevaron a su hija a la escuela, pararon a desayunar y se dirigieron a la esquina del 1401 E. César Chávez, donde vendían coloridas piñatas, negocio que ha sido su sustento por más de ocho años.

Pero al llegar, su día no fue uno más, antes sus ojos el trabajo de años yacía convertido en una pila de escombros y un tractor continuaba acabando con los cimientos de ‘Jumpolín’. Su local fue demolido, según afirman los esposos Lejarazu, sin previo aviso. La pérdida no se ha cuantificado: decenas de piñatas y materiales estaban dentro. Lo que sí sabe Mónica, es que demolieron lo que construyeron con esfuerzo.

“Cuentan los vecinos que la demolición comenzó a las 6am., nosotros solíamos llegar a las 10 de la mañana. Fue una terrible sorpresa llegar y ver tu patrimonio en el suelo. El propietario dice que puso un aviso, pero nosotros nunca lo recibimos”. Sin embargo, los propietarios tenían los permisos de la ciudad para proceder.

Cronología

Hace ocho años los Lejarazu alquilaron el local y se dedicaban a comercializar piñatas. Nunca tuvieron inconvenientes con su arrendatario. Al principio traían mercancía de México, pero Mónica aprendió a hacerlas.

En octubre del 2014, la propiedad fue vendida a F&F Real State Ventures. Desde entonces, comenzaron los problemas y el propietario enviaba cartas certificadas y correos electrónicos solicitando el desalojo por “incumplimiento de contrato”.

Mónica cuenta que el 26 de noviembre, un día antes de Acción de Gracias, recibieron una comunicación que indicaba que tenían cuatro días para solucionar “violaciones” a los términos de su contrato o serían desalojados. Esas violaciones eran un perro en la propiedad y un ‘puesto’ de comida. También pidieron que quitaran unas piñatas de la entrada, que removieran un pequeño local que habían construido (con permiso del dueño anterior) en el fondo del sitio y un contenedor. Los Lejarazu aseguran que en cuatro días habían cumplido con todas las exigencias.

Sin embargo en diciembre recibieron otra notificación solicitando que desalojaran por no haber cumplido; fue entonces cuando ellos buscaron abogados. “Nos dijeron que incumplimos sin ir a cerciorarse. Nuestros abogados les contestaron y se comenzaron a entender con sus representantes legales”.

Otras notificaciones fueron recibidas diciendo que no pagaban el alquiler, pero los Lejarazu tienen documentado con recibos, fotografías y videos cada día en el que hacían sus pagos. Dos días antes de la demolición recibieron otra carta de desalojo, pero los dueños de Jumpolín garantizan que esa notificación tampoco decía nada sobre la demolición y esperaban que los abogados se entendieran.

La respuesta

Jordan French, dueño de F&F Real State Ventures y de la propiedad demolida, declaró a austin.culturemap.com, que sí se había notificado sobre la demolición. Dijo que los Lejarazu manejaban “peligrosos” tanques de helio sin permisos adecuados (la Ciudad de Austin no requiere permisos para este producto), y recalcó que tenían cuotas sin pagar.

Por otra parte, French dijo que él “cree” que detrás del negocio de piñatas, los Lejarazu escondían negocios clandestinos, porque no podrían “mantenerse vendiendo piñatas” y cree que estabanvendiendo “bicicletas robadas y helio”. Quizás, apoya su teoría en que Sergio Lejarazu fue detenido en mayo del 2014 por comprar dos bicicletas robadas.

Se defienden

Pero French “no sabe lo que está diciendo”, por lo menos eso cree Mónica. “Ese incidente se trató de dos bicicletas, nada más. Es ridículo que hagan esas afirmaciones. Para hacer acusaciones debería tener puebas. Él fue quien violó la ley al no proceder de forma correcta”.

Los Lejarazu introdujeron una demanda civil por los daños sufridos y aseguran que demandarán por difamación, pero “son dos procesos diferentes y se hará cada paso como debe ser”.

Ella piensa que, por ser hispanos, los subestimaron. “Nunca le conocimos la cara. Pensaron que éramos dos personas pequeñas y sin recursos; si hubiesemos sido estadounidenses, seguro procedían de forma diferente. Estamos agradecidos porque la comunidad salió a apoyarnos. Sí, nos destruyeron el patrimonio, pero no los sueños, ni el trabajo y confío en Dios en que nos volveremos a levantar. Esto fue una injusticia y llegaremos donde tengamos que llegar para que se haga justicia y para limpiar nuestro nombre”, conlcuyó la señora Lejarazu.

Mientras se esperan los resultados de la Corte, el caso de los Lejarazu se ha convertido en una referencia de cómo un negocio que servía a la comunidad, casi por tradición, es destruido por otros planes de más prestigio, quizás el emblema del aburguesamiento de la Capital de Texas.