Un grupo de activistas pro inmigrantes desconfían de una investigación que libró de culpa a guardias de seguridad por el presunto abuso sexual de mujeres detenidas en el centro de detención para familias en Karnes City (Texas), y exigieron cuentas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La semana pasada, la Oficina del Inspector General (OIG) del DHS dijo que, tras una investigación, no encontró evidencias de abuso sexual de mujeres detenidas en Karnes City por guardias de seguridad, a cambio de favores, dinero o trato preferencial. A toda crítica, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) replica que la agencia tiene ‘cero tolerancia’ para ningún tipo de abuso o conducta indebida, y que se toma en serio el bienestar de los inmigrantes bajo su custodia.

Para responder a la migración masiva de indocumentados centroamericanos en el 2014, DHS abrió recientemente un centro en Dilley (Texas), con capacidad para hasta 2,400 detenidos. Pero las condiciones denunciadas por grupos pro inmigrantes en sitios como Karnes City (Texas) y Artesia (Nuevo México), y en Hutto (Texas) antes de su clausura en el 2009, sólo han alimentado las críticas contra la Administración Obama, que insiste en que el bienestar de los detenidos en su máxima prioridad. En total, incluyendo la pequeña instalación en Berks (Pensilvania), el DHS ahora cuenta con cuatro centros de detención para familias, para alojar a parte de los centenares de miles de indocumentados que arresta cada año en la frontera sur. AGENCIAS