Ante señalamientos de posibles conflictos de interés, el presidente Enrique Peña Nieto encargó al organismo anticorrupción de su gobierno que investigue las compras de viviendas del propio mandatario, de su esposa y de su secretario de Hacienda, a contratistas del Estado. Además, el mandatario pidió que –para una mayor transparencia– un panel de expertos de reconocido prestigio evalúen los resultados de esa investigación.

Esta decisión forma parte de un paquete de medidas anticorrupción anunciadas por Peña Nieto, que recibirán la asesoría de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Entre ellas destaca la reinserción de la secretaría de la Función Pública –el órgano que supervisa la actuación de los funcionarios– como dependencia del gabinete así como el encargo a su nuevo titular, Virgilio Andrade, de investigar los reportes periodísticos sobre las viviendas de la pareja presidencial y del secretario de Hacienda.

La revelación de que la esposa del presidente, Angélica Rivera, poseía una mansión valorizada en cuatro millones de dólares generó escándalo en México ya que prácticamente coincidía con la adjudicación, a ese contratista, de la licitación para construir el primer tren de alta velocidad mexicano, dentro de un consorcio liderado por una compañía china. El contrato fue revocado abruptamente por el gobierno argumentando sospechas sobre la limpieza de la licitación.

Luego, en diciembre del 2014, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, reconoció que compró una lujosa vivienda al mismo contratista dos meses antes de ser nombrado. Recientemente, el 20 de enero, el diario ‘The Wall Street Journal’ publicó que el presidente Peña Nieto compró una lujosa vivienda a otro contratista en el 2005, cuando fue gobernador del Estado de México. Tras la victoria de Peña Nieto en las elecciones presidenciales del 2012, esa empresa contratista ganó por primera vez licitaciones con el gobierno federal.

Tanto el presidente como la primera dama y el secretario de Hacienda negaron en su momento que hubiera conflicto de interés en las adquisiciones.

La oficina encargada de la investigación solicitada por el Presidente Peña Nieto revisará los contratos que las empresas contratistas hicieron con el actual gobierno para poder verificar y concluir si estuvieron apegados a todas las reglas y si, derivado del conjunto de cercanías o de relaciones, se puede concluir que existe conflicto de intereses. AGENCIAS