Hace años que grupos de diversas ciudades del país luchan contra la proliferación de cárceles privadas para detener a inmigrantes en proceso de deportación, pero es apenas ahora, a finales del 2015, que los activistas empiezan a ganar terreno y a tener triunfos importantes.

En Gary (Indiana), la empresa GEO Group retiró la pasada semana su proyecto para construir una cárcel de 800 camas para inmigrantes. El plan tenía la fuerte oposición de diversos grupos activistas que el año pasado derrotaron un plan similar en la ciudad de Hobart (también en Indiana). Esta vez, los activistas convencieron a líderes locales, incluyendo la alcaldesa Karen Freeman-Wilson, para cancelar el proyecto.

En Texas, activistas han mantenido la presión sobre el Gobierno y su uso de dos centros privados de detención ‘familiar’, en Karnes y Dilley, para detener a potenciales refugiadas centroamericanas y a sus hijos menores de edad.

La semana pasada, un juez federal emitió una orden temporal que prohíbe al Estado de Texas utilizar una ‘regla de emergencia’ para otorgar licencias de cuidado infantil (necesaria para operar) a estos dos centros. Aunque esto no cerrará los ‘centros familiares’, donde están detenidas cientos de madres centroamericanas con sus hijos, sí permitirá que haya un nuevo proceso de reglamentación de estos centros, y que la comunidad pueda presentar su testimonio al respecto. AGENCIAS