La catorceava enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza que todas las personas que nacen en territorio estadounidense obtienen automáticamente la ciudadanía de este país, sin importar la situación migratoria de sus progenitores (padre o madre). Así ha sido desde hace casi 150 años.

Sin embargo, decenas de niños y niñas que nacieron en Texas, de padres mexicanos y centroamericanos, no pueden disfrutar de este derecho debido a complicaciones burocráticas. Así lo denunció un grupo de mujeres, que aseguran que varios condados texanos están negándose a emitir los correspondientes certificados de nacimiento, argumentando que las madres no presentan la identificación adecuada para realizar ese trámite esencial.

Las autoridades pertinentes han advertido que sólo aceptarán documentos que cuenten con medidas de seguridad serias, subrayando que la matrícula consular no es válida debido a que los documentos requeridos para obtenerla no son verificados exhaustivamente. Esta posición se justifica aduciendo que otros Estados de la Unión y algunas agencias federales tampoco aceptan la matrícula consular mexicana.

Que los recién nacidos no cuenten con sus certificados de nacimiento impide, además de otorgarle la estabilidad jurídica de la ciudadanía estadounidense, que sus padres puedan inscribirlos en escuelas públicas cuando lleguen a la edad reglamentaria o que puedan acceder a ciertos beneficios médicos.

Sólo el Congreso de la Unión puede decidir quién es ciudadano y quién no a través de una modificación legal (enmienda) de la Constitución. Cada niño merece tener la dignidad básica y la protección adquirida al nacer siendo registrados. Claramente, Texas está cometiendo un atropello al negarle la ciudadanía estadounidense a los recién nacidos.