México se ubica en el lugar 58 de 59 países miembros de la ONU (sólo superado por Filipinas) en el Índice de Impunidad Global, que realizan de manera conjunta la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado (CCSPJP).

En el análisis se analizó la información de los 193 Estados Miembros de la ONU y otros 14 territorios que generan información estadística comparable. Del total, 59 países fueron incluidos en el Índice Global de Impunidad por haber contado con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. De estos, los cinco países peor evaluados son Filipinas, México, Turquía, Colombia y Rusia, mientras que los mejor calificados son naciones europeas. El reporte refiere que las prioridades de México deben ser: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.

Con respecto de la primera, el Índice muestra que se necesita mejorar la ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad.

Sobre la funcionalidad del sistema de justicia mexicano, el Índice evidenció su deficiencia al tener casi la mitad de su población detenida sin sentencia (46%); al presentar poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados con este delito; así como el hecho de contar con un número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a tribunales.

El Índice estima una proporción promedio de los países de 17 jueces por cada 100 mil habitantes, y refiere que México cuenta con sólo 4 jueces por cada 100 mil habitantes, cifra muy menor al promedio global, en comparación con Croacia, el país con el índice más bajo de impunidad, que cuenta con 45 jueces por cada 100 mil habitantes.

El reporte hace énfasis en que el problema de la impunidad en México es funcional y estructural y que se necesitan tomar medidas urgentes para reducir los altos niveles observados. México no necesita invertir más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones en dos temas delicados: justicia y seguridad ciudadana. AGENCIAS