Debido a la ‘rebelión’ de más de 200 jurisdicciones en contra del programa ‘Comunidades Seguras’ para detener a indocumentados, el Gobierno Federal dará prioridad a la implementación del Programa de Prioridad Policial (PEP), según la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), atacada por legisladores Republicanos debido al descenso en las deportaciones en el 2014.

La directora del ICE, Sarah Saldaña destacó que la escasa cooperación de ciertas ciudades en el programa ‘Comunidades Seguras’ podría poner en peligro la seguridad pública y la de sus agentes, porque permite el regreso a las calles de ‘criminales peligrosos’. Saldaña se quejó de que en 2014, las jurisdicciones locales y estatales rechazaron más de 12,000 peticiones de ICE para detener a indocumentados en las cárceles a la espera de ser trasladados a la custodia del Gobierno Federal.

Consciente de que ‘Comunidades Seguras’ ha atrapado a indocumentados que no son un peligro a la seguridad pública o nacional, Saldaña explica que el PEP busca resguardar la confianza de las comunidades para que los inmigrantes puedan cooperar con la investigación y enjuiciamiento de criminales, y prometió ‘transparencia’ en el proceso.

‘Comunidades Seguras’, objeto de litigios y creciente rechazo de las agencias policiales, ha sido descontinuado; pero el PEP refleja con más claridad las prioridades de deportación del Gobierno Federal. Aunque el PEP seguirá dependiendo de huellas digitales y demás datos biométricos de los detenidos, las autoridades de ICE solicitarán la retención del individuo (‘detainers’) solo en circunstancias limitadas.

Las nuevas prioridades para la deportación incluyen a individuos que son una amenaza para la seguridad pública, nacional y fronteriza, y los que han cometido ciertos delitos menores o cruzaron ilegalmente la frontera después del 1 de enero de 2014. AGENCIAS