Analistas, legisladores y organizaciones civiles afirman que la desaparición de 43 estudiantes y el hallazgo de fosas clandestinas en Guerrero son parte de la peor crisis política y de seguridad en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto (que inició en diciembre del 2012) quien comprometió a todo su gobierno para localizar a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ‘Raúl Isidro Burgos’ que fueron atacados por policías de Iguala el pasado 26 de septiembre. Pero la crisis puede crecer, empeorar y desbocarse. Así las cosas, la situación actual del país es una bomba de tiempo.

Movimientos de protesta, pacíficos y violentos, se organizan en todo el territorio nacional: estudiantes de escuelas normales rurales, de universidades en seis estados, sindicatos y otras organizaciones han realizado protestas para exigir la ubicación con vida de los estudiantes. Destacan en estas manifestaciones nacionales la participación de miles de jóvenes.

En el rastreo de los estudiantes de Ayotzinapa participan cientos de policías federales, policías comunitarios y compañeros de las víctimas. La búsqueda se realiza en montañas, minas, cuevas, ríos y lagunas. El presidente Peña Nieto insiste en que no habrá impunidad en el tema: “Seguiremos trabajando sin descanso en esta búsqueda”.

Las autoridades desarmaron además a los policías de 15 municipios de Guerrero y el Estado de México, y hasta el momento más de 30 personas han sido detenidas. El alcalde de Iguala y su esposa han sido sindicado por la Fiscalía General de México como los responsables de dar la orden de desaparecer a los estudiantes. Este caso de corrupción cínica rebasó las fronteras mexicanas y ha provocado la indignación internacional, que se manifiesta con marchas en diversos países.

Sin embargo, lo que ahora se vive en Guerrero es un episodio de la larga historia de violencia en ese estado mexicano sureño. En Guerrero se libró una de las etapas más intensas de la llamada ‘Guerra Sucia’, una operación policíaco-militar para combatir a los grupos armados Partido de los Pobres (PDLP) y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), que dejó cientos de muertos y desaparecidos. Los sobrevivientes de ese período se mantienen activos dentro de grupos como el ERPI o el Ejército Popular Revolucionario. Luego, durante el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari en la entidad fueron asesinados más de 400 militantes del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Además de la violencia política, durante décadas Guerrero ha sido trinchera en la batalla por controlar las zonas de producción de marihuana y amapola. Hasta 1989 el territorio era controlado por el llamado Cartel de Guadalajara, pero al fracturarse quedó en control de bandas locales que se han asociado, en distintas épocas, con la organización de Tijuana o Sinaloa.

Desde 2008, en la zona montañosa del centro, la región de Costa Chica y el balneario de Acapulco existe presencia del grupo de los hermanos Beltrán Leyva, mientras que la región de Tierra Caliente fue controlada por La Familia Michoacana primero, y luego el cartel de Los Caballeros Templarios.

Desde el año pasado uno de los grupos dominantes en esa zona es la banda Guerreros Unidos, quienes mantienen una disputa con otro grupo al margen de la ley: Los Rojos.

Los dos se dieron a conocer tras la captura en 2010 de Édgar Valdéz Villarreal, conocido como La Barbie. La mezcla de todos estos elementos explican la violencia actual de Guerrero, pero también del riesgo que se extienda a otras partes de México.

EL DATO: Guerrero es un estado emblemático por la acumulación de violencia a lo largo de decenios.