Los migrantes detenidos en el Centro de Procesamiento de Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Aurora (Colorado), cocinan y sirven comidas, trapean pisos, limpian baños, cortan el cabellos, asean celdas y cuidan los espacios públicos de la cárcel privada que les paga 1 dólar al día por su labor y, en algunos casos, nada. Ese ha sido el modus operandi de los centros de detención privados para inmigrantes en varias ciudades del país. Las autoridades alegan que no se trata de empleo formal, sino de un programa voluntario por el que los detenidos reciben un ‘pequeño estipendio’.

Pero ahora, una demanda colectiva contra la empresa privada GEO Group por parte de detenidos en el centro de Colorado (manejado bajo contrato por esa empresa), alega que la práctica es ilegal tanto bajo las leyes estatales y federales de salario mínimo. La demanda, firmada por nueve detenidos, alega que la empresa crea con dicha política una práctica de ‘trabajos forzados’ para su propio enriquecimiento, lo cual es ilícito.

Los abogados de los demandantes esperan que este trámite sea aceptado por el tribunal. Alegan que la mayor parte del trabajo no era realmente voluntario y que se les conminaba a trabajar en diversas tareas so pena de ser castigados con el ‘hoyo’ (celda de aislamiento) u obligándoles a vestir un uniforme rojo de alta peligrosidad.

La demanda exige el cese de dicha práctica y la recuperación de los salarios perdidos por detenidos durante los últimos dos años. Teóricamente, un triunfo de esta demanda podría significar la modificación de esta práctica en otros centros privados del país.

EL DATO: GEO Group obtuvo ganancias del orden de los 1,500 millones de dólares en el 2013. Cerca de dos tercios de los centros de detención migratorios son privados.