“Durante el verano, las temperaturas dentro de las cárceles se mantienen alrededor de los 120 grados. Personas que sufren condiciones como la diabetes, asma o complicaciones del corazón, se agravan debido a esto. Les cuesta respirar, se enferman y hasta mueren”, dice Jorge Antonio Renaud, analista de la organización Texas Criminal Justice Coalition, quien señala que la causa de los fallecimientos y problemas de salud no se limita a la ausencia de aires acondicionados y ventilación, sino también a la precaria asistencia médica.

No sólo reos, también oficiales de custodia se han desmayado por el calor.

Alzar la voz contra esta realidad, así como otras situaciones que consideran inhumanas, es el motivo por el que Texas Criminal Justice Coalition se une a organizaciones como Texas Inmate Families Association, Texas Voices y Texas CURE para hacer posible el evento ‘Familias por la Justicia’ (Families for Justice), que se hará el 7 de noviembre en el Capitolio.

Asesoría legal, firmas de solicitudes para la Cámara de Representantes, historias de vida y, principalmente, agrandar este movimiento que exige justicia, serán los ingredientes de este encuentro. “Lo importante es que familiares de presos que sienten que sus derechos son atropellados, se darán cuenta que no están solos y que juntos podemos alzar la voz”.

Humanización inmediata

Más allá de las condiciones físicas como el hacinamiento (exceso de detenidos en un espacio), baños portátiles en áreas públicas y falta de camas – que son claras violaciones a los Derechos Humanos – las organizaciones que colaboran con ‘Familias por la Justicia’ quieren dar a conocer otras irregularidades que tocan planos emocionales, que afectan no sólo a los presos, también a sus familias.

“Algunas personas viajan de 200 a 400 millas para visitar a sus parientes, pero cuando llegan a la cárcel no los dejan entrar porque los oficiales dicen que no tienen vestimenta apropiada.

Tenemos reportes de niños que han sido expulsados de las visitas a sus padres porque ‘hacen mucha bulla’. Esos son atropellos que queremos erradicar”, dice Renaud.

Además, señala el caso de la comisionada de Huntsville, Pamela Freeman, quien hace unos días fue suspendida del cargo y se le abrió un procedimiento por falsificar documentos en los que señalaba que cinco presos se habían negado a asistir a sus entrevistas de libertad condicional, afectando cada uno de sus procesos.

Por todo esto, cree que es fundamental que las familias de quienes hoy sufren estas realidades aprendan a alzar sus voces, que sepan a dónde acudir, con quién hablar y que se comience a gestar un movimiento en defensa de los derechos de los presos en Texas.

A las minorías les va peor

El analista recuerda que miles de presos en Texas son migrantes, con papeles e indocumentados. Un gran porcentaje de ellos no habla español y los oficiales se aprovechan de esa situación para atropellar sus derechos.

“Para esas familias con problemas con el idioma, vamos a ofrecer asesoría en español y los pondremos en contacto con personas que los pueden ayudar. No podemos darle la libertad a sus familiares, pero podemos ayudarlos a que conozcan sus derechos y sepan cómo reclamarlos”, apunta.

Durante el evento ‘Familias por la Justicia’ se podrá contactar no sólo a organizaciones, también a abogados.

“A los pobres, a los que no hablan inglés, a las minorías les va peor en las cárceles”, dice. Se estima que en Estados Unidos, por cada 100 mil habitantes afroamericanos, 3,023 de ellos están presos, mientras los hispanos alcanzan la cifra de 1,238 por la misma cantidad de población.