Más de 66 mil inmigrantes que viajaban con sus familias, la mayoría madres con hijos pequeños, han sido detenidos en la frontera Sur desde el inicio del ejercicio presupuestario (octubre del 2013). De ellos, 60 mil proceden de Honduras, El Salvador y Guatemala y no pueden ser repatriados inmediatamente, por lo que el Gobierno Federal tiene que liberarlos y conminarlos a presentarse ante la oficina de inmigración más cercana en 15 días.

Desafortunadamente, el 70% de las familias liberadas se arriesgan a permanecer aquí y no comparecen ante las cortes de Inmigración. La alta proporción de los que no se presentaban fue una de las razones por las que el Gobierno Federal abrió en junio un centro de detención temporal para familias en Artesia (Nuevo México). Posteriormente, una cárcel para inmigrantes en Texas fue ampliada y ahora alberga a 530 personas. En los próximos meses se abrirá un centro similar en territorio texano.

Defensores de los inmigrantes se han quejado de que los nuevos centros de detención castigan a los inmigrantes con tratos muy severos, evitando que (en última instancia) puedan obtener una respuesta positiva a sus solicitudes de asilo legales para permanecer en EU.

El ICE advierte que es necesario detener a las familias para asegurarse de que no ‘desaparezcan’, por eso ha pedido a las organizaciones civiles que ayuden a encontrar formas de asegurar que los inmigrantes se reporten ante los agentes federales como se les ordena, de modo que el Gobierno Federal pueda empezar a procesar sus casos, incluyendo cualquier solicitud para permanecer en EU con autorización legal.

EL DATO: La cifra de 70% sugiere que el Gobierno Federal dejó ir a aproximadamente 41 mil integrantes de familias migrantes que luego no se presentaron ante las autoridades.