Las manifestaciones del pasado 20 de noviembre realizada en todo el mundo protestando contra la inacción del gobierno mexicano y específicamente contra la administración del presidente Enrique Peña Nieto, han demostrado que las autoridades mexicanas deben prestarle atención a la indignación ciudadana, en territorio nacional y en el extranjero. Hace muchos años que no se veía una protesta de magnitud global como la que unió a millones en solidaridad con las 43 víctimas de Escuela Normal de Ayotzinapa (Guerrero).

En México, la respuesta del gobierno ha sido la represión, necesaria en algunos casos (para evitar el vandalismo criminal y la destrucción de propiedad pública y privada), pero innecesaria cuando se trata de expresar el malestar ante un –cada vez más– cínico sistema político que no ataca la raíz del problema. Consecuencia de esa pasividad, en México se está elevando el tono del debate y la violencia está comenzando a ser el idioma común.

Este quiebre dramático en la sociedad de uno de los países más importantes de este Hemisferio no inició con la desaparición de los 43 normalistas. Ese acto barbárico colmó la paciencia de la población que, desde el 2006, vive impotente ante la horripilante revelación de que más de 70 mil personas han muerto en ejecuciones o enfrentamientos desde ese año.

Antes de la tragedia de Ayotzinapa, la opinión pública mundial supo de otro espantoso acto criminal: la masacre de San Fernando (Tamaulipas), que sucedió entre el 22 y 23 de agosto del 2010. Aquella vez perdieron la vida 72 personas (de varias nacionalidades) a manos de Los Zetas. Crímenes que pueden ser considerados genocidios y otras muchas masacres han ensangrentado México en los últimos ocho años, al punto de volverse habituales. Sin embargo, la población mexicana, la que vive allá, ya no tolera más inacción y pide medidas efectivas de sus autoridades o su renuncia.

Quizá el gobierno mexicano espera que, como en otras manifestaciones masivas, ésta que se sostiene en el reclamo por la muerte de los 43 estudiantes, pasará. Y la sensación de impunidad volverá a reinar. Que el presidente Peña Nieto se haya pronunciado sobre la tragedia estudiantil recién once días después de la masacre, corrobora esa mala vibra de los gobernantes. Que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, sea uno de los implicados en la desaparición misma, desborda todas las previsiones políticas y agita la indignación de las calles.

La gente #YaSeCansó. La población mexicana en México sale todos los días a manifestarse, y la que vive en el extranjero lo hace a través de las redes sociales. Esa unión no la esperaba el gobierno actual. El presidente Peña Nieto no calculó una crisis de estas dimensiones. Pero ahí la tiene y no basta con que lance ‘tuits’ prometiendo paz, justicia, firmeza.

EL DATO: En Iguala, Guerrero y muchas partes de México, el narcotráfico y crimen organizado han penetrado la política, frecuentemente en alianza con autoridades.