Pasado el anuncio presidencial del 20 de noviembre, los líderes y legisladores del Partido Republicano han demostrado su enojo y rechazo contra cualquier alivio migratorio de millones de indocumentados, amenazando con no aprobar el presupuesto del próximo año (como lo hicieron a inicios del 2014) y advirtiendo que esta ‘acción unilateral’ tendrá consecuencias impredecibles. El Presidente Obama ha defendido la legalidad de su orden administrativa: que no serán deportados y podrán trabajar legalmente los indocumentados que hayan estado aquí por (al menos) cinco años, que tengan hijos ciudadanos o con residencia permanente, que no tengan antecedentes penales y que paguen impuestos. Desde Las Vegas, el Mandatario respondió a sus críticos: “Para los miembros del Congreso que cuestionan mi autoridad para hacer que el sistema migratorio funcione mejor, yo los invito a que aprueben la ley. Nadie los va a detener”.