El 6 de mayo hay elecciones en Austin. Los votantes encontrarán en su boleta dos propuestas sobre la estrategia de vigilancia del Departamento de Policía de Austin (APD). A pesar de su parecido, las opciones son distintas.

La propuesta A –planteada por una coalición de organizaciones liderada por Equity Action– requiere aprobar una ordenanza que impida la mala conducta y brutalidad policial, y reforzaría el sistema civil independiente y transparente de la supervisión policial de la ciudad.

La propuesta B –planteada por Voters for Oversight and Police Accountability (VOPA)– busca la aprobación de un ordenamiento que reforzaría la supervisión policial civil independiente y transparente, a través del sistema municipal de la Ciudad.

La diferencia de estas dos opciones son el planteamiento que cada grupo hace para crear una Austin Police Oversight Act, que definiría el papel y alcance de la actual Oficina de Fiscalización de la Policía (OPO), creada en 2018.

Existe la posibilidad de que ambas logren ser aprobadas por los votantes, lo cual crearía un caos ya que son dos opciones de ley contrarias entre sí. Para que eso no suceda, cada elector deberá votar por la propuesta con la que está a favor y votar en contra de la otra. “El peligro es que un votante pobremente informado diga ‘Oh, ambas propuestas tienen que ver con la responsabilidad de la policía, voy a votar por ambas’, sin darse cuenta de que la propuesta B es realmente un ‘caballo de Troya’. Si ambas pasan, creará un gran problema porque significará que entrarán en vigor dos leyes que se contradicen entre sí, y no está claro cuál será el resultado de eso”, señaló a El Mundo Newspaper, Brian McGiverin, director ejecutivo del Austin Community Law Center, organización que forma parte de la coalición de Equity Action.

McGiverin cuenta que la propuesta A se empezó a concebir debido a que el APD ocultaba las quejas y acciones disciplinarias por mal comportamiento de sus agentes, lo que empezó a hacerse evidente con la difusión de videos grabados por las personas afectadas. “Creo que las cámaras de video de los celulares han hecho mucho por los derechos civiles porque evidenció que muchas veces la policía actúa inapropiadamente”, afirma McGiverin y agrega que el objetivo es que los policías estén sometidos a transparencia como cualquier otro servidor público y dejen de tener un tratamiento especial.

La Austin Police Association (APA) declaró a El Mundo Newspaper que apoya la propuesta B y que considera que la propuesta A tiene “problemas legales sustanciales que son conocidos por el Concejo y por el departamento legal de la Ciudad, y que probablemente se volverán sustancialmente inaplicables de ser aprobados”. La APA confirmó que brindó apoyo económico a VOPA, aunque aseguró que es una organización distinta.

McGiverin explicó que a finales del 2020 se realizó un arbitraje cuyo resultado limitó el nivel de acceso a la información por parte de la OPO, por lo cual diferentes organizaciones buscaron especificar los alcances de esa oficina con una nueva ley local para la que buscaron las firmas con el objetivo de apareciera en la boleta electoral. McGiverin acusa a VOPA de hacerse pasar por Equity Action para reunir firmas y estar en la boleta.