El Departamento de Justicia presentó en una corte federal de Austin una demanda contra Texas por la nueva ley que prohíbe prácticamente todos los abortos en el Estado, sin excepciones para los casos de incesto o violación. La demanda alega que la ley es inconstitucional y que Texas se desmarca de la responsabilidad de su implementación al designar a ciudadanos comunes como ‘caza-recompensas’ que pueden obtener hasta 10,000 dólares por denunciar a quienes incurran o presten algún apoyo al proceso de aborto. El Gobierno Federal planea aplicar una ley federal de 1994 que protege el libre acceso a las clínicas que practiquen abortos, y castiga a quienes causen daños materiales de forma intencionada a centros que ofrezcan servicios reproductivos.