La Administración Biden y el gobierno de México aún no acuerdan el reinicio (o no) del programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP) impuesto en la era Trump –que obliga a los solicitantes de asilo a esperar sus audiencias judiciales en cortes estadounidenses en territorio mexicano– porque primero se deben cumplir ciertas condiciones.

México insiste en que Estados Unidos brinde más apoyo contra el COVID-19 para los migrantes, como vacunas, asistencia legal para los solicitantes de asilo y la aceleración de las audiencias para quienes participan en el programa de retorno. En las negociaciones bilaterales, el gobierno mexicano ha buscado asegurar que los nuevos retornos se realicen de una manera más controlada y que se excluya a los migrantes particularmente vulnerables y a los menores no acompañados.

Sin embargo, aunque el Presidente Biden ha tratado de revertir algunas medidas migratorias de la era Trump, ha mantenido la política de expulsión radical iniciada al comienzo de la pandemia. Esa política aleja a la mayoría de los migrantes capturados cruzando la frontera de la oportunidad de solicitar asilo.

EL DATO

Los defensores de los migrantes argumentan que el programa MPP expuso a esas personas a la violencia y los secuestros en peligrosas ciudades fronterizas, donde la gente acampaba durante meses o años esperando audiencias en Estados Unidos.