El juez federal George B. Daniels (Manhattan) presionó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para explicar el impacto de la pandemia en la comunidad inmigrante y la pertinencia de mantener la normativa de la ‘carga pública’ contra ellos en caso de recibir ayuda derivada de la crisis provocada por el COVID-19.

La controvertida regla –que está siendo impugnada por los Estados de New York, Connecticut y Vermont, y por activistas proinmigrantes de todo el país– descalifica a los inmigrantes para la Residencia Permanente si se considera ‘probable’ que utilicen programas de asistencia pública.

Entre esos programas se cuentan el sistema de subsidio del cuidado de la salud para las personas de bajos recursos Medicaid, el programa de seguro de salud para niños (CHIP), el programa de asistencia de alimentación suplementaria (SNAP) y los subsidios para la vivienda.

En enero pasado el Tribunal Supremo dio su anuencia a la aplicación de la regla de ‘carga pública’ por parte del Gobierno Federal según la cual puede negarse la Residencia Permanente a los inmigrantes que hayan usado, o se sospeche que puedan solicitar en el futuro, la asistencia pública en programas de salud, vivienda o alimentación.

El juez Daniels señaló que los inmigrantes están en una disyuntiva, ya que por un lado las autoridades supuestamente no lo castigarían por pedir ayuda federal por causa del COVID-19, pero sí por tratamientos por cáncer. “Básicamente, la regla en este momento es que, si me estoy muriendo de coronavirus, no se usa en mi contra (la regla), pero si me muero de cáncer, se usa en contra”, apuntó.

EL DATO

Entre 2018 y 2019 la regla de ‘carga pública’ aumentó de 21.8 % a 31 % el efecto disuasorio entre los adultos de familias inmigrantes en las cuales al menos un miembro no era residente permanente.