Cuando la Administración Trump anunció el pasado 10 de agosto que redefiniría el concepto de ‘carga pública’ generó confusión y temor entre la comunidad inmigrantes que vive en este país, especialmente entre quienes son residentes permanentes o tienen algún tipo de visa, ya que el Gobierno Federal advertía que quienes utilicen cualquier beneficio público (Medicaid, cupones de alimentos, asistencia para vivienda) no podrían acceder a ningún visado ni a la residencia permanente, según sea el caso.

Como consecuencia de esa amenaza, miles de familias han dejado de solicitar y recibir cualquier tipo de asistencia, federal o estatal, incluso de aquellos programas que no tienen nada que ver con la controvertida norma, aunque la disposición recién entraría en vigencia desde el 15 de octubre. EL MUNDO NEWSPAPER conversó con Jeff Peek, abogado especialista en el tema migratorio, para despejar dudas sobre la nueva definición de ‘carga pública’.

– El tema de la carga pública ¿es nueva?

– Aunque la ley no es nueva, estas normas casi nunca eran consideradas por USCIS. Con el cambio reciente, la ley se aplicará más estrictamente ya que la Administración Trump aumentó la lista de beneficios públicos que serán considerados negativos en caso de que el inmigrante busque elegibilidad para una visa o para la residencia permanente. Ahora, es importante destacar que no todos los inmigrantes están condicionados por este cambio en la norma ni todos los servicios públicos están sujetos a este cambio.

– ¿Qué grupo de inmigrantes están eximidos de la nueva regla de carga pública?

– Los naturalizados, los residentes permanentes, los refugiados, los asilados, las víctimas de tráfico humano; los afganos e iraquíes con visas especiales de inmigrante, todos ellos están exentos de la inadmisibilidad de la carga pública. Además, según la regla, en circunstancias limitadas, un inmigrante que ha sido determinado como carga pública pero desea reajustar su estatus migratorio, puede pagar una fianza mínima de $8,100 dólares para recibir un perdón. Pero aun no sabemos como será esto implementado en realidad.

– ¿Qué programas están vedados con la nueva regla?

– Según el Department of Homeland Security (DHS): cualquier asistencia en efectivo otorgada por alguna entidad federal, estatal o local para el mantenimiento de ingresos, mejor conocido como asistencia general; la Supplemental Security Income (SSI); la Temporary Assistance for Needy Families (TANF); el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP); el Programa de la Sección 8 de vales (o cupones) para la Asistencia de Vivienda; la Asistencia para la Vivienda Pública bajo la sección 9 de la Ley de Vivienda de 1937 y el Medicaid con fondos federales (con ciertas excepciones).

Continúa la conversación de EL MUNDO NEWSPAPER con Jeff Peek, abogado especialista en el tema migratorio, para despejar dudas sobre la nueva definición de ‘carga pública’:

– ¿Qué beneficios públicos no tienen efecto negativo para los inmigrantes?

– El Affordable Care Act (ACA), conocido como ‘ObamaCare’; el Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC); el Children’s Health Insurance Program (CHIP), el Medicaid para mujeres embarazadas y menores de 21 años; el Medicare Parte D subsidio de bajos ingresos para adultos mayores y el Programa de Educación Temprana Head Start.