La Administración Trump propuso una nueva reglamentación para que aquellos inmigrantes que reciban legalmente beneficios públicos (como la asistencia alimentaria y los vales de vivienda) se les pueda negar la residencia permanente.

La medida (que no requiere la venia del Congreso de la Unión) obligará a millones de inmigrantes pobres que dependen de la asistencia pública a hacer una difícil elección entre aceptar ayuda financiera o lograr la residencia permanente (‘green card’) para vivir y trabajar legalmente en este país.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, dijo que la propuesta es acorde con la ley vigente: “De acuerdo con la ley federal de larga data, aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente. El DHS se toma en serio su responsabilidad de ser transparente en sus reglamentaciones y está dando la bienvenida al comentario público sobre esta propuesta”, añadió.

Los inmigrantes de avanzada edad que obtienen medicamentos recetados a bajos precios a través de programas subsidiados también podrían verse obligados a dejar dichas ayudas o arriesgarse a ser considerados ‘carga pública’, lo que no les permitiría obtener el estatus de residente legal.

De implementarse esta medida, el DHS aseguró que no afectará a los inmigrantes que ya recibieron el estatus de residente permanente; sin embargo, organizaciones proiinmigrantes de todo el país advierten que este reglamento podría usarse luego contra los residentes permanentes que busquen naturalizarse.