El año pasado (2017) casi 7.5 millones de inmigrantes reportaron haber recibido algún tipo de ayuda monetaria o beneficio, ya sea para ellos o para sus hijos no-ciudadanos, por lo que podrían ser afectados con la regla de carga pública de la Administración Trump, según un análisis de la organización New American Economy.

Según el estudio, si todos estos inmigrantes fueran castigados por el nuevo criterio de carga pública del Gobierno Federal y abandonaran el país tras haber sido rechazados sus procesos migratorios, la economía estadounidense sufriría efectos indirectos negativos de alrededor de 174 mil millones de dólares.

Además, los sectores productivos que serían afectados si el concepto de carga pública se aplica con rigor contra sus empleados son el de construcción, donde es probable que 560,000 personas resulten con problemas; 200,000 personas en las industrias mineras; 550,000 personas en los servicios de hospitalidad, recreación y alimentos; y aproximadamente 550,000 trabajadores en servicios profesionales y de negocios.

Si se aprueba la propuesta como está redactada, los inmigrantes no serían considerados como ‘carga pública’ si demuestran ingresos anuales por encima del 250% de las pautas federales de pobreza, que en la actualidad es de $41,150 para una pareja sin hijos y de $73,550 para una familia integrada por cinco personas.

Si usted está a favor o en contra del nuevo reglamento migratorio que extiende el concepto de carga pública, visite

www.regulations.gov siga las instrucciones y registre su comentario. El plazo vence en diciembre.