El juez William Orrick III, del distrito Norte de California, dictaminó que limitar o condicionar fondos a las ‘ciudades santuario’ si sus autoridades se rehusaban a colaborar en la lucha contra la inmigración ilegal, es contraria a los principios de separación de poderes en este país y colisiona con la autoridad en materia de gastos asignada por la Constitución al Congreso de la Unión.

Antes de este fallo, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, declaró inconstitucional la negación de fondos a las ‘ciudades santuario’. Tribunales de Sacramento (California), Filadelfia (Pensilvania) y Chicago (Illinois) hicieron lo mismo.

Alrededor de 200 jurisdicciones locales, entre ciudades y condados de todo el país, protegen de la deportación a los inmigrantes indocumentados. Austin es una de ellas.