En febrero de este año circuló información que aseguraba que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) contemplaba ordenar la negación de beneficios migratorios a los inmigrantes legales que recibían algún tipo de asistencia de los programas federales de ayuda, sea de alimentación o de salud, por considerarlas ‘carga pública’.

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) hizo realidad uno de los principales temores de los activistas de derechos humanos y defensores de los inmigrantes: sí habrá castigo por recibir algún tipo de ayuda del Gobierno Federal.

Ahora, haber abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos figura entre las siete condicionantes que los funcionarios del USCIS consideran para negar un ajuste de estado legal a los solicitantes de la ‘green card’ o de la ciudadanía estadounidense. Los expertos en el tema consideraron que esta decisión aumentará y acelerará las deportaciones de determinados inmigrantes.