En el último año de los gobiernos federales, estatales o locales, muchos funcionarios que concluyen su cargo cometen excesos en las finanzas públicas: Se entregan contratos de forma irregular, hay contrataciones en plazas definitivas para amigos o personas recomendadas y se autorizan incrementos de salario. Con frecuencia (sobre todo en los gobiernos locales) ‘desaparecen’ escritorios, computadoras, vehículos o se vacían cuentas bancarias. A esta costumbre se le conoce como ‘El Año de Hidalgo’, que se completa con la frase ‘chingue a su madre el que deje algo’.

Ya existen algunas decisiones que se enmarcan en el concepto del ‘Año de Hidalgo’. Aquí algunos ejemplos: La Asamblea Legislativa de Ciudad de México incluyó en su nómina definitiva a 250 personas que tenían contratos temporales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó un aumento salarial a 317,000 altos funcionarios del gobierno federal. El incremento es retroactivo al 1 de enero, es decir, a mediados de julio los beneficiados recibieron una compensación salarial equivalente a siete meses. Además, a mediados de julio la SHCP realizó una emisión de bonos de deuda por 10,000 millones de dólares. El dinero se utilizará para cubrir ‘propósitos generales del gobierno’.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó 156 contratos distintos este año. Casi la mitad, con un valor de 47,380 millones de pesos (unos 2,600 millones de dólares) concluyen en el gobierno de AMLO.

Y los 500 diputados más 128 senadores que concluyen sus labores recibieron un bono de retiro, que se suma a su salario mensual. Para los diputados fue de un millón de pesos en promedio (55,000 dólares). El bono de los senadores es de 152,000 dólares. Todo este derroche será la tradicional ‘herencia’ que recibirá el presidente electo del gobierno predecesor.