La Administración Trump planea un nuevo sistema para calificar el rendimiento de los jueces de inmigración de acuerdo a la cantidad de casos que pueden finiquitar en un determinado período de tiempo.

‘Medir’ el desempeño de cada juez, sería una de las formas con las que se pretende acelerar el procesamiento de 600 mil casos migratorios. El Gobierno Federal también busca cambios en las leyes y reglamentos para realizar más deportaciones expeditas e invertir fondos en la contratación de 370 jueces migratorios y 1,000 abogados para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). El uso de una ‘métrica’ para los jueces de Inmigración ha despertado la preocupación de algunos observadores del sistema civil de tribunales migratorios. El juez retirado Paul Wickham Schmidt, quien fue magistrado migratorio desde 2003 hasta junio del año pasado (2016) y presidente de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) durante varios años, dijo que el plan del Gobierno Federal suena a que la intención es realizar una manipulación burocrática del sistema judicial para “obligar a los jueces migratorios a dar órdenes de deportación sin dar el proceso debido a los inmigrantes”.

Los tribunales migratorios no son parte del sistema penal de justicia del Gobierno Federal sino que son tribunales civiles a cargo del Departamento de Justicia. Dependen directamente del procurador Jeff Sessions, quien puede realizar cambios unilaterales a la forma en que éstos funcionan. Pero las decisiones de estos tribunales sí están sujetas a revisión judicial por el sistema federal regular, por lo que a menudo otros jueces revierten casos otorgados o negados por un juez de Inmigración.

DEBE SABERLO

Hay zonas en el sur del país, donde los jueces aceleran los casos migratorios lo más posible, y niegan las solicitudes de los migrantes de obtener más tiempo para prepararse o contratar un abogado (que el estado no proporciona, porque en estos tribunales civiles no hay derecho a representación para los indigentes).