El 30 de octubre pasado, la jueza Colleen Kollar-Kotelly, del tribunal del distrito de Washington, bloqueó la decisión del presidente Donald Trump de prohibir el reclutamiento de militares transgénero, sin pronunciarse sobre el costo de los tratamientos médicos de militares que ya están en las Fuerzas Armadas.

La jueza ordenó un ‘retorno al estatus quo’, es decir, a la continuidad de una medida adoptada por Barack Obama, que determinaba que los transgénero podían ser aceptados en filas militares a partir de julio del 2017. La demanda contra el veto presidencial fue presentado en agosto de este año por cinco militares estadounidenses transgénero, que expresaron preocupación por el futuro de sus carreras.

Como se recuerda, Trump había anunciado en junio pasado un aplazamiento de seis meses en la aplicación de ese decreto, y en julio el presidente sorprendió a sus propios jefes militares al anunciar en Twitter el veto a la incorporación de soldados transgénero a las Fuerzas Armadas.

A fines de agosto, Trump firmó un documento con el que ordenó al Pentágono a no aceptar más el reclutamiento de estos reclutas, pero dejó en manos del Departamento de Defensa la decisión sobre cómo cubrir los costos de los soldados ya incorporados.

El magnate recomendó al jefe del Pentágono, general Jim Mattis, que las Fuerzas Armadas dejen de cubrir los costos de las operaciones relacionadas al cambio de género de los soldados, otorgando al Pentágono un plazo (hasta el 23 de marzo próximo) para que elabore una nueva política específica para los militares transgénero.