Aunque no existe una definición legal oficial, el término generalmente se aplica a las ciudades (o condados u otras jurisdicciones) que declaran que no apoyarán a esfuerzos de inmigración y deportación. El término ha sido utilizado por décadas por gobiernos municipales y condados que tienen políticas que ofrecen un cierto nivel de apertura a extranjeros indocumentados. Estas políticas se establecieron en los años ochenta en respuesta a un movimiento de cientos de iglesias y sinagogas de Estados Unidos para proporcionar refugio seguro a los centroamericanos que huían de conflictos civiles.

Actualmente, no hay una lista definitiva de cuántas ‘ciudades santuario’ existen. Sin embargo, al menos 635 condados estadounidenses (más de uno de cada cinco) se niegan a retener a las personas en prisión por peticiones del Gobierno Federal, mientras que por lo menos 53 condados o cerca de 2% del total, prohíben el uso de recursos locales para aportar en la aplicación de las leyes federales de inmigración.

El primer argumento por el que Donald Trump y los conservadores del país se oponen a las ‘ciudades santuario’ es porque estas ‘no son seguras’ y ‘engendran la delincuencia’, aunque hay poca evidencia de tal correlación. La negativa de colaborar con el Gobierno Federal ha exacerbado la antipatía hacia estas ciudades, que en un decreto presidencial han sido acusadas de ‘violar por voluntad propia la ley federal en un intento por proteger a extranjeros de su expulsión del país’.

Para ahogar a estas ciudades, una orden ejecutiva del 25 de enero establece la retención de subvenciones federales (‘excepto cuando se considere necesario para propósitos de aplicación de la ley’) a las jurisdicciones que se niegan a cooperar con funcionarios federales de inmigración. No se especifica a qué fuentes de fondos federales apuntan, aunque las opciones probables incluyen el dinero distribuido por los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional.

El dinero que está en juego, según las estimaciones de los especialistas, va desde decenas de millones a miles de millones de dólares, dependiendo a qué fuentes de financiamiento apunte Trump y si los tribunales se lo permiten.

Es importante destacar que las ‘ciudades santuario’ no se oponen a las leyes federales de inmigración. En términos generales, los líderes de las ‘ciudades santuario’ simplemente no quieren que su policía local participe activamente en el cumplimiento de los estatutos federales. Así piensan el jefe de policía de Austin y la sheriff del Condado Travis, y lo han dicho públicamente. Exigir a la policía local que averigüe el estatus migratorio o detenga a un sospechoso de ser inmigrante indocumentado (que de otra manera no sería detenido), estimularía la discriminación racial y desalentaría a los inmigrantes de reportar delitos o buscar servicios necesarios.