El Departamento de Justicia intensificó sus medidas contra las llamadas ‘ciudades santuario’, al anunciar que ya no les proporcionará las deseadas subvenciones a menos que le den a las autoridades federales de Inmigración el libre acceso a las cárceles y les avisen cuando alguien que se encuentre ilegalmente en el país esté a punto de ser liberado.

Bajo las antiguas reglas, las ciudades que deseaban recibir subvenciones sólo debían mostrar que no obstaculizaban la comunicación entre las agencias locales del orden público y las autoridades de Inmigración en relación al estatus migratorio de alguien detenido por ellos.