Para reemplazar las rutas de transporte con más tráfico en este país, es necesario que se aprueben nuevos peajes para atraer fondos privados al proyecto. Los fondos privados abundan, pero tienen un costo: debe haber un flujo de ingresos predecible (peajes, por ejemplo) para que la inversión tenga un retorno (ganancia) razonable.

Ese es el desafío que enfrenta la promesa electoral de Donald Trump de destinar 550 mil millones de dólares (o más) a un programa de diez años de duración que se enfocaría en el mejoramiento de las carreteras interestatales, puentes, vías férreas, puertos y otras infraestructuras públicas.

El cobro de peaje es una parte no difundida de la propuesta electoral de Trump, pero ese gasto extra no estaba contemplado en sus discursos de campaña. Ahora que es una posibilidad real el pagar por transitar determinadas carreteras, un grupo conformado, entre otros, por las asociaciones de transporte de los cincuenta Estados de la Unión, se muestra dispuesta a combatir todo intento de expandir el uso de gravámenes o de flexibilizar una disposición de 1958 que restringe el cobro de peajes en las carreteras interestatales existentes.

Donald Trump no ha dicho cómo financiará sus planes en infraestructura, aunque hay indicios de que el capital privado desempeñaría un papel importante. Si es así, acostumbrémonos a la idea de pagar por utilizar autopistas y carreteras que por décadas fueron de uso gratuito.