Aunque la polémica se torna más viva cada día, Hernández también tiene el apoyo de oficiales locales y estatales. Tal es el caso de un grupo de representantes estatales que han asegurado públicamente que harán todos sus esfuerzos por impedir que se apruebe una ley que castigue las políticas de la Sheriff.

“Amenazar a Hernández con removerla de su oficina y eliminar el muy necesitado financiamiento al condado es una exageración y una falta de respeto a su autoridad. Ella continuará cooperando con las agencias migratorias honrando las órdenes de arresto, pero su posición en el tema es un equilibrio entre la seguridad y los derechos constitucionales de los residentes del Condado Travis”, dice una carta firmada por los representantes estatales Eddie Rodriguez, Donna Howard, Celia Israel y Gina Hinojosa.

La misiva destaca que no hay en Texas una ley que permita que se cumplan las amenazas de Abbott y esperan que no se aprueben en ningún momento. “Respetuosamente le pedimos que deje a la Sheriff del Condado Travis hacer su trabajo”, insistían los legisladores.

Sin embargo, el 1 de febrero, Abbott canceló un paquete de millón y medio de dólares que afectará las actividades de la Oficinas del Sheriff del Condado Travis.

Racista e inconstitucional

La representante estatal Gina Hinojosa declaró a El Mundo Newspaper que “las oficinas y cuerpos de seguridad locales, incluyendo la Oficina del Sheriff, conocen mejor cómo mantener seguras a nuestras comunidades. Cuando ella (Sally Hernández) dice que la seguridad pública depende de la confianza entre los profesionales de la seguridad y las comunidades inmigrantes, confío en su juicio y opinión. Estoy en contra de los esfuerzos del gobernador y del Estado de entrometerse en el trabajo de los cuerpos de seguridad”.

Por su parte, el miembro del Concejo Municipal de Austin, Greg Casar, dijo que “los intentos de coerción de Trump a los departamentos de policía local, para convertirlos en agentes de inmigración que deporten y rechacen a los refugiados de países mayoritariamente musulmanes, es un acto racista, inconstitucional y peligroso para la seguridad pública”.

Para Casar, la amenaza de sacar a Sally Hernández de su puesto es ridícula, especialmente porque ella es una autoridad electa en un proceso democrático. “Él no es el emperador de Texas y la población de nuestro estado no permitirá semejante atrocidad contra la democracia”.

Casar asegura que cuando la policía actúa como agente migratorio, los miembros de la comunidad que no tengan un estatus migratorio adecuado no cooperan con la autoridad, no reportan crímenes ni sirven de testigos.

“Nuestras ciudades están más seguras cuando nuestros oficiales se enfocan en su trabajo y nos protegen del crimen. Nuestros oficiales electos han jurado proteger a la población y por eso muchas agencias se han negado a ser parte de los programas federales que los convertirían en agencias de inmigración. En lugar de rechazar refugiados y convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios, nuestros líderes federales deberían enfocarse en transformar y solventar nuestro sistema migratorio. En Austin no permitiremos chantajes ni amenazas, vamos a proteger a nuestros residentes y a los recursos de todas las oficinas locales. La ley está de nuestro lado, la historia está de nuestro lado y lucharemos por nuestros principios”, asevera Casar.