Sally Hernández cumplió su promesa de no detener a inmigrantes indocumentados sin la orden de un juez, pero esta nueva política pone en peligro los fondos de la oficina del Sheriff del Condado Travis

Ella lo prometió en campaña y, a pesar de la controversia, la mayor parte de la población votante del Condado Travis apoyó las propuestas de Sally Hernández y la eligió como nueva Sheriff. La oficial electa había anunciado que, de ganar, cambiaría la forma de cooperar con ICE.

El pasado 20 de enero, Hernández hizo pública su nueva política en materia migratoria explicando que no mantendrá detenida a una persona que haya recibido una fianza o libertad por parte de un juez, simplemente porque las agencias federales migratorias lo pidan. “Si consideran que el sujeto representa un peligro para la comunidad, pueden solicitar una orden de detención a través de un juez. Sin una orden no vamos a mantener a una persona detenida, eso sería pasar por encima de la autoridad de otro juez”, indica en un video publicado por su oficina en Youtube.

Además, la nueva Sheriff del Condado Travis asegura que no le preguntará a ninguna persona su estatus migratorio si están colaborando con una investigación, ya sea como testigos o víctimas. “Nuestro enfoque es la seguridad pública y si no tenemos la confianza de toda la comunidad, no podemos garantizar la seguridad, no podemos empujar a nadie a vivir en las sombras y con miedo a cooperar para resolver un crimen”.

Mientras Hernández asegura que su política en materia de inmigración fue creada pensando en los derechos civiles de quienes viven en el Condado Travis y con estricto respeto a la Constitución, haciendo hincapié en que su oficina ahorrará mucho dinero al evitar detenciones innecesarias, el gobernador de Texas, Greg Abbott, asegura que su postura es ilegal y acusa a la Sheriff de ‘cooperar’ en convertir al condado en una ‘ciudad santuario’.

Abbott también amenazó con recortar el financiamiento regional a la Oficina del Sheriff, eliminando los casi dos millones de dólares que el estado le provee a esta agencia de seguridad local, y hasta pidió a los representantes y senadores estatales aprobar leyes que pudieran revocarla del cargo si no cambia su posición.

El mismo Donald Trump, quizás sin conocer el conflicto que se vive en Texas, firmó una orden ejecutiva que elimina los fondos federales a las oficinas de las ciudades y condados que no cooperen con las agencias federales de inmigración y que asuman políticas de ‘ciudades santuario’. Varias agencias locales en Austin y Travis sufrirían un recorte presupuestario de decenas de millones.